La polémica ante la interrupción de la línea de alta velocidad entre Málaga y Madrid sigue en aumento, provocada por el colapso de un talud en Álora debido a las intensas lluvias desde el pasado 4 de febrero. Esta situación ha desencadenado una batalla política y un impacto significativo en el sector turístico de la región, que teme pérdidas millonarias durante la crucial Semana Santa. A pesar del despliegue de 75 trabajadores y 23 máquinas trabajando a contrarreloj, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha subrayado que los límites físicos del lugar impiden avanzar más rápido, prometiendo que todos los medios posibles están siendo empleados para solucionar el problema. Las críticas de empresarios y políticos andaluces han resultado en una tensa confrontación, con la Junta de Andalucía calculando pérdidas de hasta 1,300 millones de euros debido a la desconexión ferroviaria.

La respuesta institucional ha sido variada, desde propuestas de un puente aéreo hasta la eliminación de peajes, en un intento por mitigar el golpe económico. Sin embargo, mientras las disputas políticas avanzan, los pasajeros, principales afectados, se enfrentan a cancelaciones e incertidumbre con pocas opciones de transporte alternativa disponibles, ya que compañías como Ouigo e Iryo han cesado sus operaciones en la región hasta que las reparaciones finalicen. Renfe, por su parte, ha implementado un plan alternativo que, aunque en funcionamiento hasta el 23 de marzo, deja sin billetes disponibles a los viajeros desde el 24 en adelante. La situación ha tensado la relación entre las administraciones central y autonómica, con acusaciones mutuas y un clima político crispado en torno a una infraestructura vital que permanece fuera de servicio, afectando el tejido económico y social de la Costa del Sol.

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