El acceso a la vivienda continúa siendo un desafío significativo para muchos ciudadanos, ya que se estima que, de media, una persona debe destinar el equivalente a 7,6 años de su salario íntegro para poder adquirir una propiedad. Esta cifra ilustra la creciente dificultad que enfrenta la población en el mercado inmobiliario, reflejando una presión financiera considerable sobre los potenciales compradores. Esta situación se ve agravada por el ajuste al alza en el costo de las viviendas, un fenómeno que no ha hecho más que intensificarse en los últimos años, convirtiéndose en una barrera casi infranqueable para muchas familias que aspiran a poseer una casa propia.

El mercado de la obra nueva ha experimentado un encarecimiento significativo, alcanzando en diciembre un ritmo interanual de subida que no se había observado en los últimos 19 años. Este incremento en los precios no solo dificulta el acceso a nuevas construcciones, sino que también tiene un efecto dominó en el mercado de segunda mano, impulsando al alza los precios en general. Esta tendencia alcista llama la atención de economistas y analistas, quienes advierten sobre la necesidad de implementar políticas efectivas para mitigar el impacto de estos aumentos y facilitar el acceso a la vivienda. La falta de medidas adecuadas corre el riesgo de perpetuar la inequidad en el acceso habitacional, afectando principalmente a los sectores de la población con menor poder adquisitivo.

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