Un fallo judicial en España ha establecido un importante precedente en las relaciones de alimentos entre progenitores e hijos mayores de edad. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha decidido elevar la pensión alimenticia de una joven universitaria en Madrid, Matilde, a 300 euros mensuales, tras considerar el incremento de sus gastos derivado de sus estudios y traslado a otra ciudad.
El caso enfrentaba a Manuela, madre de la estudiante, y Marcelino, padre de la joven y policía local con ingresos aproximados de 2.300 euros mensuales. La disputa giraba en torno a la cuantía de la pensión y la necesidad de cubrir gastos extraordinarios, como apoyo psicológico, carné de conducir o estancias en programas internacionales, solicitudes que la madre había presentado en su reclamación.
La resolución revierte la cantidad inicialmente fijada por el Juzgado nº 15 de Las Palmas, que estableció en 236 euros la pensión, en referencia a la capacidad económica del padre. La nueva sentencia consideró además el aumento de los gastos asociados a la vida universitaria en Madrid, aunque la joven no figuraba formalmente como inquilina en el contrato de arrendamiento presentado por la madre. El tribunal argumentó que el incremento en los costes de vida y estudios justificaba esta subida intermedia, de modo que la pensión quedó en 300 euros, una cantidad que refleja una evaluación equilibrada de los ingresos y necesidades de la estudiante.
El tribunal descartó el argumento del padre, quien alegaba la falta de vínculo con su hija para justificar la reducción o extinción de la pensión. La sentencia citó doctrina del Tribunal Supremo, que establece que la obligación de alimentos no se extingue por la mayoría de edad a menos que exista una independencia económica comprobada y una relación de vínculo relevante, lo cual no fue acreditado en este caso.
Asimismo, la resolución rechazó la solicitud de la madre de incluir gastos adicionales como gastos psicológicos o la cobertura de gastos en programas Erasmus, indicando que tales aspectos deben resolverse en procedimientos específicos y que la necesidad de ayuda psicológica no fue debidamente justificada en el proceso.
En relación con los gastos extraordinarios, se mantuvo la proporción de pago del 50% de los mismos, como ya había sido dispuesto en resoluciones previas. La sentencia también dejó clara la importancia de que las interpretaciones de la relación entre padres e hijos en estos contextos se basen en la existencia de vínculos relevantes y en la imputabilidad de la falta de relación a parte de la propia menor, saliendo así del caso actual pues no hay evidencia de una relación debilitada o inexistente entre la joven y su padre.
El fallo refuerza la idea de que, aunque los hijos alcanzan la mayoría de edad, la obligación de contribuir con su sostenimiento puede prolongarse si existen gastos derivados de la formación y la situación económica de ambas partes, siempre y cuando no exista una causa justificada para la extinción de dicha obligación. El caso será ahora remitido al Juzgado de Primera Instancia para la ejecución de la sentencia, mientras las partes deberán seguir los procedimientos legales para la implementación del fallo y resolución de gastos futuros vinculados a la formación universitaria de Matilde.
