El Tribunal de Cuentas junto con una reconocida firma de auditoría han señalado que no tienen la capacidad de detectar una posible «Caja B» en sus evaluaciones financieras, a pesar de que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), desde Ferraz, los utiliza como garantía de limpieza contable. Esta declaración pone de relieve las limitaciones inherentes de dichos organismos en la identificación de contabilidades paralelas, un tema que ha sido objeto de debate y sospecha en el ámbito político español. Las auditorías, aunque son rigurosas en su evaluación de los estados financieros, enfrentan dificultades para desentrañar operaciones no registradas que escapan al control formal y se realizan al margen de las cuentas oficiales.
A pesar de estas limitaciones, el PSOE insiste en utilizar los informes de estas entidades como prueba de transparencia y corrección en su gestión financiera. Sin embargo, la capacidad de los auditores se restringe al análisis y verificación de los datos proporcionados, lo que no necesariamente garantiza la inexistencia de irregularidades ocultas. Este escenario genera interrogantes sobre la eficacia de los sistemas actuales para detectar y prevenir comportamientos financieros indebidos en la política española, en un contexto donde la transparencia y la confianza en las instituciones siguen siendo temas centrales para la ciudadanía.
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