La Audiencia Provincial de Oviedo ha emitido una sentencia contundente, responsabilizando a un banco por su falta de medidas de seguridad tras un caso de fraude cibernético que dejó sin fondos a una residente de Cangas de Onís. La decisión judicial confirmó el fallo previo del Juzgado de Primera Instancia número 1 de la misma localidad, declarando nulos un préstamo de 27.500 euros y un contrato de tarjeta prepago virtual, todo contrato fraudulento, llevado a cabo a nombre de la afectada sin su conocimiento.
El caso, que data de abril de 2022, inició cuando la clienta notó movimientos sospechosos en su cuenta. Estos sucedieron después de recibir llamadas engañosas, en las que, a pesar de no compartir información confidencial, los estafadores lograron acceder a claves bancarias gracias a técnicas conocidas como «phishing» y «smishing». Mediante un teléfono móvil vinculado ilícitamente a la cuenta, los delincuentes contrataron un préstamo instantáneo y emitieron una tarjeta prepago, usurpando los fondos de la víctima sin mayores impedimentos.
Íñigo Serrano, abogado del bufete Sello Legal Abogados y representante de la afectada, destacó que la sentencia deja en claro que las entidades financieras tienen la obligación crucial de proteger los activos de sus clientes. El tribunal identificó una falta sustancial de diligencia por parte del banco, que no implementó medidas de seguridad suficientes para detectar y prevenir este tipo de fraudes.
El fallo no solo critica la insuficiencia de los sistemas de autenticación del banco, sino también su incapacidad para identificar transacciones de alto riesgo. Como resultado, la entidad bancaria deberá restaurar la cuenta de la cliente a su estado original previo al fraude y asumir los costos judiciales del proceso.
Este precedente legal marca un hito significativo en las demandas de ciberseguridad y protección del consumidor financiero. La resolución reafirma la exigencia de que las instituciones bancarias fortalezcan sus controles y sistemas tecnológicos para prevenir estafas, dejando claro que el progreso tecnológico debe ir de la mano con una defensa robusta de los clientes, evitando así trasladar el riesgo al consumidor.
