En un nuevo frente de la creciente tensión entre grandes gigantes de la tecnología, AT&T ha presentado una demanda contra Broadcom, acusándola de amenazar la seguridad nacional y servicios públicos esenciales. La controversia surge a raíz de disputas contractuales sobre el soporte de software VMware, después de que Broadcom adquiriera esta empresa por 61,000 millones de dólares en noviembre del año anterior.
AT&T sostiene que Broadcom está incumpliendo acuerdos previos al intentar transformar licencias perpetuas de VMware en costosos modelos de suscripción. Esta estrategia, según AT&T, va acompañada de una amenaza: retener servicios esenciales a menos que la firma de telecomunicaciones adquiera software y servicios adicionales que no desea.
El problema cobra una dimensión crítica al considerar el impacto potencial sobre los servicios gubernamentales y de emergencia que dependen de la infraestructura de AT&T. La operadora afirma que una interrupción del soporte afectaría a miles de servidores y, por ende, a millones de usuarios, incluidas instituciones gubernamentales de primer orden como la Oficina del Presidente de los Estados Unidos.
La demanda presentada en el Tribunal Supremo del Condado de Nueva York detalla cómo AT&T, bajo un acuerdo firmado en 2022, había asegurado una extensión de soporte de hasta dos años, una opción que, según la compañía, ha sido ignorada por Broadcom. En respuesta, Broadcom defiende su movimiento hacia el modelo de suscripción como un estándar del sector y niega las acusaciones de AT&T.
Un aspecto crucial en esta disputa es el dramático incremento del 1,050 % en los precios de las licencias VMware propuesto por Broadcom, según AT&T. La compañía considera esta subida como un golpe a la relación de más de diez años entre ambas empresas. Un correo de Susan A. Johnson, vicepresidenta ejecutiva de AT&T, al CEO de Broadcom, destaca la exploración de alternativas tecnológicas, a pesar del elevado coste que implicaría dicha transición.
El tribunal ha otorgado a Broadcom una ventana de 20 días para responder a la denuncia. Mientras tanto, ha asegurado provisionalmente la continuidad del soporte hasta el 9 de octubre, con una audiencia preliminar fijada para el 15 del mismo mes.
El desenlace de este enfrentamiento jurídico podría establecer significativos precedentes sobre el efecto de las adquisiciones tecnológicas masivas en los contratos previamente existentes. Más allá de las cifras multimillonarias en disputa, la resolución del conflicto definirá el futuro de importantes servicios públicos que dependen, por ahora, de la sólida infraestructura basada en soluciones VMware de AT&T.
