El gobierno de Javier Milei ha logrado aprobar una controvertida reforma laboral que ha sido descrita como un emblema de su gestión, marcando un cambio drástico en las relaciones laborales en Argentina. La nueva ley, conformada por 218 artículos, busca flexibilizar las condiciones de contratación y modificar aspectos fundamentales como las jornadas laborales y el sistema de indemnizaciones. Según el gobierno, esta legislación modernizará el marco normativo vigente desde 1974 y dinamizará el mercado laboral formal estancado por más de una década. No obstante, críticos sostienen que la creación de empleo dependerá más del crecimiento económico que de cambios en el articulado legal.
Entre los principales ejes de la reforma, se destaca la posibilidad de pagar salarios en moneda nacional o extranjera, la introducción de «componentes retributivos dinámicos» y la reducción en la base de cálculo para indemnización. Además, establece cambios significativos como la eliminación de horas extras obligatorias y la creación de nuevas categorías laborales para trabajadores de plataformas digitales. La normativa también impacta en el ámbito sindical al mantener ciertos aportes obligatorios a los gremios, y propone limitaciones al derecho a huelga al exigir niveles mínimos de funcionamiento en servicios esenciales. Finalmente, busca incentivar la formalización de empleos mediante beneficios impositivos y prevé la progresiva transferencia de la justicia laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, ajustándose a criterios del gobierno.
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