La Cámara de Diputados de Chile ha aprobado la reforma de pensiones promovida por el gobierno de Gabriel Boric, marcando un hito en la política social del país al introducir cambios significativos al sistema previsional vigente desde 1981. Este proyecto, que aún debe ser revisado por el Tribunal Constitucional y promulgado por el presidente, establece un sistema mixto donde los empleadores asumirán un papel más destacado mediante un nuevo aporte del 8,5% a las cotizaciones, distribuyéndose entre capitalización individual y el Seguro Social. Esta reforma busca reducir las disparidades de género en las pensiones y ofrece un beneficio transitorio por años cotizados, aunque ha suscitado inquietudes entre los gremios empresariales por el impacto financiero que podría tener en un contexto de alta informalidad y baja productividad laboral.
El debate sobre el fin de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) quedó descartado por falta de consenso político, aunque se introdujeron cambios en su operación, como la licitación de un porcentaje de la cartera de afiliados no cotizantes para aumentar competitividad y limitar las comisiones. El gobierno de Boric logró alianzas estratégicas, incluso con sectores de oposición, para avanzar en esta agenda, demostrando una capacidad de negociación que podría facilitar futuros acuerdos en otras áreas políticas divisivas en Chile. La aprobación de esta reforma, en el año electoral, concede un triunfo político al presidente Boric y también beneficia a líderes de la oposición moderada que apoyaron la iniciativa, al tiempo que debilita la posición de sectores más conservadores que se opusieron al cambio.
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