Las asociaciones judiciales españolas han expresado sus inquietudes ante el Parlamento Europeo respecto a las recientes reformas judiciales implementadas por el gobierno. Durante una reunión con el Grupo de Seguimiento de la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria manifestaron su preocupación por lo que califican como un deterioro del Estado de derecho en España. Alertaron específicamente sobre la percepción pública de la independencia judicial y el impacto de la condena del Tribunal Supremo al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelar secretos. Este caso, según dichas asociaciones, ha suscitado un debate sobre la autonomía del ministerio público y la necesidad de establecer contrapesos sólidos.
Por otro lado, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) denunció lo que considera campañas de desprestigio hacia el Poder Judicial, incluyendo ataques sistemáticos por parte de responsables políticos. Destacaron que aunque se han tomado medidas para reforzar la independencia judicial, como la introducción del proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, todavía quedan recomendaciones internacionales pendientes. Mientras tanto, el Foro Judicial Independiente, excluido de la reunión, criticó las reformas legales y la politización del Consejo General del Poder Judicial, enfatizando la necesidad de reformas que garanticen la independencia y autonomía del sistema judicial.
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