La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) y la Asociación Defiéndete en Derecho han presentado este lunes denuncias sobre la «politización» y «falta de neutralidad» en la actual dirección del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), liderada por Eugenio Ribón. La polémica se centra en el proceso judicial contra Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, quien fue condenado a inhabilitación por el Tribunal Supremo. Asociaciones críticas acusan al ICAM de estar influenciado por intereses políticos, especialmente vinculados a la figura de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Adade y Defiéndete en Derecho exigen la convocatoria de una junta general extraordinaria para que Ribón dé explicaciones sobre las decisiones tomadas y su presunta parcialidad en el caso, insistiendo en que la denuncia presentada omitió hechos relevantes y tenía un carácter tendencioso.
El desarrollo de los eventos se produce en un contexto marcado por la controversia política, tras el pacto entre PSOE y Junts para aprobar la ley de amnistía y la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. La dirección del ICAM ha sido criticada por difundir comunicados con “falsedades” y por organizar eventos sesgados políticamente. Las tensiones han aumentado con la denuncia presentada por el ICAM contra el fiscal general del Estado, un gesto que según detractores rompió con la tradición de neutralidad de la institución. La situación ha llevado a múltiples actores del ámbito legal a reclamar una revisión del liderazgo del Colegio, mientras la Abogacía del Estado planea solicitar la anulación de la sentencia de inhabilitación ante el Tribunal Constitucional. Estos movimientos reflejan una creciente preocupación por la independencia judicial y la influencia política en procesos legales.
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