La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha intensificado su batalla legal contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al solicitar su declaración en el marco de una investigación que apunta a presuntas filtraciones de información confidencial. En un escrito dirigido al Tribunal Supremo, específicamente al juez Ángel Hurtado, la APIF ha requerido no solo la imputación de García Ortiz por revelación de secretos, sino también por los delitos de «apoderamiento ilícito de información» y «prevaricación». La controversia gira en torno a una presunta filtración de información sobre un acuerdo entre la Fiscalía y Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, que habría sido divulgada a través de correos electrónicos, sin que quedara un rastro claro debido a un posterior borrado de mensajes en el teléfono del fiscal general.
El desarrollo del caso se ha centrado en el análisis de dispositivos electrónicos de varios miembros de la fiscalía, de los cuales se extraen indicios contundentes que podrían implicar a García Ortiz. Según la Unión Central Operativa de la Guardia Civil, los registros del teléfono de la fiscal jefa Pilar Rodríguez indicaron que García Ortiz pudo haber jugado un rol crucial en la divulgación de esta información. Como respuesta, la APIF ha solicitado la ampliación del atestado policial, un listado de llamadas y contactos del fiscal general, y el uso de tecnologías avanzadas para intentar recuperar los mensajes borrados. Un punto crítico que destaca en el documento es la preocupación sobre los protocolos de eliminación de datos de la Fiscalía, lo que podría apuntar hacia un manejo inadecuado de información sensible.
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