El Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, ha anunciado la movilización de 35 millones de euros en ayudas a los medios de comunicación en el marco de su Plan de Acción por la Democracia. Esta cifra, parte de una partida total de 124 millones de euros, tiene como objetivo central asegurar que los medios ofrezcan información veraz y apoyar su transformación digital. De la cantidad total, 10 millones están específicamente destinados a desarrollar herramientas para combatir las noticias falsas, estrategia que coincide con la postura del Ejecutivo que ha acusado a ciertos medios de acoso al informar sobre casos de corrupción que tocan al entorno personal y político del presidente.
Esta iniciativa coincide con la controversia generada por un nuevo anteproyecto de ley que amplía el derecho de rectificación a los usuarios en redes sociales con más de 100.000 seguidores, una medida que ha sido percibida por algunos como un intento de controlar el flujo de información y la expresión ciudadana. Entre las críticas, señalan que el plan del Gobierno busca restringir tanto a medios críticos como a ciudadanos particulares que expresan opiniones en las plataformas digitales. Esta doble estrategia de control informativo no solo subraya la tensión entre el Gobierno y la prensa, sino que también plantea interrogantes sobre el equilibrio entre regulación y libertad de expresión en el contexto de la democracia española.
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