El asesinato de Martín Roberto Ramírez, presidente del patronato de la Feria de San Mateo, ha conmocionado a Chilpancingo al poner en evidencia una vez más la persistente inseguridad que azota al estado de Guerrero. Ocurrido la tarde del martes, justo antes de las celebraciones de Nochebuena, el ataque se llevó a cabo en el histórico barrio de San Mateo, interrumpiendo los preparativos para el Teopancalaquis, una tradición de la feria que pronto cumplirá dos siglos. La violencia ha escalado en la región, con casos tan notorios como la decapitación del alcalde Alejandro Arcos, ocurrida en octubre. La gobernadora Evelyn Salgado ha condenado rotundamente el asesinato, prometiendo que no quedará impune y exigiendo una investigación rigurosa por parte de la Fiscalía General del Estado, que ya ha iniciado las primeras investigaciones en busca de justicia.
La situación en Guerrero es preocupante, con 1.658 asesinatos reportados hasta noviembre, cifra que muestra un repunte respecto a años previos, aunque todavía lejos de los picos alarmantes registrados entre 2015 y 2018. Paradójicamente, estos eventos violentos no siempre se traducen en acciones contundentes por parte del sistema de justicia, revelando una impunidad que prevalece en México. Solo los casos de alto impacto, como los asesinatos de Ramírez y Arcos, logran catalizar una respuesta inmediata, bajo la presión de una sociedad expectante. El caso de Arcos, por ejemplo, sacudió a la comunidad no solo por la brutalidad del crimen, sino también por la implicación de funcionarios, como el jefe de la policía local, Germán Reyes, quien fue detenido bajo sospecha de vínculos con el grupo criminal Los Ardillos, presuntamente responsable del asesinato. Su detención ha destacado la colusión entre el crimen organizado y las autoridades, un problema persistente que exige medidas urgentes para restaurar la confianza en el sistema.
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