Un individuo ha sido puesto en libertad después de ser arrestado por la posesión de aproximadamente 6.000 imágenes de contenido inapropiado de 13 menores de edad, que habían sido grabadas sin su consentimiento. Las autoridades informaron que el material fue captado tanto en la vivienda del sospechoso como en vestuarios públicos, elevando la preocupación por la privacidad y seguridad de los espacios comunes. La investigación, llevada a cabo por la policía tras una denuncia anónima, reveló el extenso archivo en un dispositivo electrónico encontrado durante el registro del domicilio del acusado.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, el juez ha decidido dejar al detenido en libertad mientras continúan las investigaciones, una decisión que ha suscitado un amplio debate público sobre la efectividad del sistema judicial en casos de delitos relacionados con la privacidad y explotación de menores. Diversos colectivos de protección infantil y privacidad han manifestado su indignación y exigen una revisión de las leyes para asegurar que los responsables de tales actos enfrenten penas más severas. Entretanto, las autoridades hacen un llamado a la vigilancia comunitaria para prevenir futuros incidentes similares.
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