El sindicato ha denunciado lo que considera una «detención arbitraria y sin pruebas», señalando que la acción legal en cuestión ha sido motivada únicamente por el ejercicio del derecho fundamental a convocar una protesta. La organización sindical destaca su preocupación por lo que percibe como una violación de derechos y una represión a quienes buscan expresar sus demandas legítimas a través de manifestaciones públicas. Según el sindicato, estas acciones legales carecen de fundamentos sólidos y suponen una amenaza para la libertad de expresión y el derecho de reunión.

El caso ha generado reacciones en diversos sectores de la sociedad, quienes ven en esta detención un intento de silenciar voces críticas. Varios grupos de derechos humanos han manifestado su apoyo al sindicato y han exigido una revisión inmediata de la detención, apelando al respeto de las libertades y derechos constitucionales. Las autoridades, por su parte, no han emitido un comunicado oficial al respecto, lo que ha intensificado el debate público sobre el equilibrio entre la seguridad pública y los derechos individuales.

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