La presidenta del Congreso ha declarado sentirse tranquila y sin preocupaciones ante las recientes informaciones que señalan su posible implicación en un caso relacionado con la trama investigada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Negó rotundamente cualquier vínculo con actividades ilícitas y aseguró que no tiene motivos para temer una imputación futura. Estas declaraciones surgen a raíz de rumores sobre un informe de la UCO que podría comprometer su posición institucional. El documento aún no ha sido oficialmente publicado, pero ha generado especulaciones sobre su contenido y posibles repercusiones políticas.
El caso en cuestión se relaciona con una supuesta red de corrupción que ha sido objeto de investigación por parte de la UCO durante varios meses. Fuentes cercanas a la investigación sugieren que el informe incluiría nombres de varias figuras políticas, lo que aumenta la presión sobre las instituciones. La presidenta del Congreso afirmó que colaborarían con las autoridades si fuera necesario y reafirmó su compromiso con la transparencia y la legalidad. Mientras tanto, los partidos de la oposición observan con atención los desarrollos, preparados para exigir responsabilidades si se confirma la participación de cualquier funcionario en actividades irregulares.
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