La reciente DANA que asoló la Comunidad Valenciana ha dejado una estela de devastación, no solo en términos materiales, sino también políticos. A poco más de dos semanas de la tragedia, las críticas se centran en la gestión de la Generalitat y su presidente, Carlos Mazón, quien ha sido señalado por su tardía y deficiente reacción ante los acontecimientos. A pesar de los múltiples llamados a la rendición de cuentas, los cargos políticos permanecen inamovibles, protegidos como aparentes fortificaciones indestructibles. La impotencia de los afectados choca con el muro de la burocracia y la falta de responsabilidad que, según la opinión pública, ha caracterizado la respuesta de las autoridades tanto regionales como nacionales.
En el ámbito estatal, la gestión del Gobierno central también está bajo escrutinio. La ministra Teresa Ribera ha sido criticada por su aparente silencio y falta de acción durante la emergencia, lo que ha planteado profundas preocupaciones sobre la posibilidad de que intereses políticos primen sobre la respuesta a la catástrofe. En medio de la controversia, el clamor por dimisiones se intensifica, sin embargo, en un país donde tales acciones de responsabilidad política son raramente vistas, el descontento popular parece quedar en un incómodo estancamiento. La situación subraya una vez más las tensiones entre distintas capas de gobierno y la frustración de los ciudadanos, quienes buscan explicaciones y, sobre todo, un cambio efectivo en la gestión de emergencias futuras.
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