En un hito significativo para la atención infantil en España, los ministerios de Derechos Sociales y Sanidad han alcanzado un acuerdo histórico con las comunidades autónomas para mejorar el acceso y la calidad de la atención temprana destinada a niños de 0 a 6 años. El convenio, aprobado en una conferencia multisectorial, establece un marco común que promete transformar radicalmente la atención ofrecida a los más pequeños, garantizando servicios eficientes, de calidad y gratuitos en todo el país.
El acuerdo, rubricado por el ministro Pablo Bustinduy y la ministra Mónica García, se centra en asegurar un acceso rápido y equitativo a la atención temprana, con un plazo máximo de intervención de 45 días desde la identificación de un caso con riesgo evolutivo. Este objetivo es crucial, dado que los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo integral de los niños, tanto a nivel físico como cognitivo, emocional y social. El documento refleja el compromiso estatal con la Garantía Infantil Europea, recomendación clave de la Unión Europea desde 2021.
La implementación de este acuerdo busca prevenir situaciones que puedan conducir a discapacidades o dependencia en la vida adulta y mejorar la calidad de vida de los menores y sus familias, al tiempo que promueve la inclusión social y el desarrollo pleno del potencial de cada niño. Desde los ministerios implicados se advierte sobre las serias consecuencias de carecer de un sistema eficaz, que podría traducirse en limitaciones cognitivas, problemas de salud, y una integración deficiente en la comunidad. La falta de un sistema adecuado dispararía las desigualdades sociales, afectando especialmente a familias con menos recursos.
El acuerdo no solo establece directrices para reducir los tiempos de espera, sino que también exige la creación de una Red de Atención Temprana en cada comunidad autónoma, respaldada por regulaciones específicas que faciliten la coordinación interdepartamental. Este sistema persigue una integración efectiva de los equipos de atención primaria, el cuerpo docente y los servicios sociales, garantizando empleos estables y de calidad para los profesionales involucrados.
Destaca también la proyección económica del acuerdo, con un presupuesto de casi 42 millones de euros del Fondo Social Europeo Plus, destinados a asegurar que todos los niños tengan acceso a una atención adecuada, independientemente de su lugar de residencia. En 2023, casi 130,000 menores en España requirieron de estos servicios, cifra que revela la urgencia y dimensión del desafío.
Elaborado con la colaboración de diversas comunidades y ciudades autónomas, así como de agentes sociales especializados en infancia y discapacidad, el documento presenta una hoja de ruta que se alinea con el Plan de Acción Estatal de Garantía Infantil Europea, con miras a su completa implementación para 2030. Durante este periodo, el Grupo Técnico de Atención Temprana realizará evaluaciones bienales para supervisar el progreso del plan.
Con la participación de organizaciones como la Federación Española de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana y la Plataforma por los Derechos de la Infancia con Diversidad Funcional, el acuerdo refuerza la necesidad de una atención integral que considere los entornos naturales del niño, promoviendo así un enfoque biopsicosocial del desarrollo. Esta acción concertada busca no solo mejorar la atención temprana, sino también sentar las bases para una sociedad más equitativa y justa.
Fuente: Ministerio de Consumo
