El Gobierno de Claudia Sheinbaum avanza en su ambiciosa meta de desarrollar un millón de viviendas de interés social, luego de que el Senado mexicano aprobara sin modificaciones la controvertida reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). A pesar de las críticas de la oposición, que argumenta que la reforma compromete los ahorros de los trabajadores, el bloque oficialista encabezado por Morena y sus aliados logró impulsar la normativa que permitirá la creación de una nueva empresa constructora bajo el control del Infonavit. Esta empresa gestionará parte de los 2,4 billones de pesos disponibles en las subcuentas de los trabajadores para financiar las viviendas prometidas durante la campaña de Sheinbaum. La reforma ha generado acalorados debates en el Congreso, con acusaciones de que los cambios podrían beneficiar intereses privados en detrimento de los trabajadores.
En el marco de estas reformas, se ha establecido un sistema de supervisión y fiscalización por parte de la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Auditoría Superior de la Federación. El objetivo es controlar el uso de los recursos del Infonavit destinados a la construcción y administración de viviendas. El proyecto plantea créditos accesibles para trabajadores con bajos ingresos e incluye opciones de arrendamiento social. Sin embargo, el punto más polémico es la creación de la constructora filial del Infonavit, que ha sido criticada por la oposición como un intento del Estado de expropiar los ahorros de los trabajadores. Las denuncias más fuertes provinieron de partidos como el PAN y el PRI, que señalaron que la reforma busca desviar fondos de los trabajadores hacia intereses privados. La aprobación de esta normativa ha suscitado una intensa discusión política sobre el manejo de los recursos públicos y los derechos de los trabajadores en México.
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