En un intento por frenar la rápida transformación del centro de Madrid debido a la proliferación de pisos turísticos, la Junta de Gobierno ha dado un paso significativo al aprobar la modificación del Plan General para la protección y mejora del uso residencial mediante el nuevo Plan RESIDE. Esta medida busca reemplazar el obsoleto y poco efectivo Plan de Hospedaje de 2019, con el fin de preservar la oferta de viviendas residenciales y mejorar la convivencia entre los vecinos y visitantes.
El Plan RESIDE, impulsado por Borja Carabante desde el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, se ha formulado con tres objetivos clave: frenar la pérdida de población en el núcleo urbano, ajustar la oferta turística y fomentar la coexistencia pacífica entre residentes y turistas. Este plan establece que los pisos turísticos no estarán permitidos en edificios residenciales, fomentando su agrupación en edificios dedicados específicamente al turismo.
Una de las características distintivas del Plan RESIDE es la simplificación de las normativas, pasando de tres anillos de regulación a dos áreas bien definidas: el centro histórico, donde la incidencia de viviendas turísticas es más pronunciada, y el resto de la ciudad. Dentro del perímetro delimitado para el centro histórico, que abarca calles emblemáticas como la Avenida de la Reina Victoria y la Glorieta de Cuatro Caminos, se busca proteger el uso residencial prohibiendo los pisos turísticos dispersos en edificios residenciales. Además, se contemplan incentivos para estimular la conversión de inmuebles de uso terciario en uso residencial.
En áreas fuera del centro histórico, se permitirá la existencia de pisos turísticos bajo condiciones específicas y con la obligación de acceso independiente. También se prohíbe la transformación de locales comerciales en pisos turísticos para proteger el comercio de proximidad, buscando contrarrestar la desaparición de locales de barrio en favor de la actividad turística.
El Plan RESIDE también aborda un calendario de implementación riguroso. Actualmente, el texto se encuentra en fase de información pública hasta enero, con la meta de alcanzar una aprobación definitiva en agosto de 2025, tras su paso por el Pleno y la revisión de la Comunidad de Madrid.
Mientras tanto, un plan de acción transitorio permanece vigente desde abril, instigado por el alcalde Almeida, congelando la concesión de nuevas licencias de pisos turísticos y endureciendo las sanciones para quienes operan ilegalmente. Este enfoque incluye nuevas medidas como la suspensión temporal de licencias, un refuerzo del 15% en la plantilla de inspectores y un régimen de sanciones que contempla multas de hasta 100.001 euros para los casos reincidentes.
Con 17.360 establecimientos turísticos operando en Madrid, de los cuales solo el 7% son legales, el desafío de reequilibrar el mercado de hospedaje en la ciudad es grande. Este plan aspira a regular un sector en crecimiento que, desde 2017, ha visto un incremento del 50% en pisos turísticos, mientras se registró un aumento más moderado del 9.85% en establecimientos turísticos formales como hoteles y pensiones.
El Ayuntamiento tiene la vista puesta en restaurar el equilibrio en la urbe con un enfoque integral que busca conjuntar la convivencia pacífica y el florecimiento económico, un reto que deberán gestionar con firmeza en los años venideros.
