En un intento por abordar las desigualdades persistentes y mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad, el Gobierno español ha dado luz verde a la nueva Estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social 2024-2030. Este ambicioso plan, aprobado en la más reciente reunión del Consejo de Ministros, se postula como la hoja de ruta que guiará la política social del país durante los próximos seis años, ofreciendo un enfoque cohesivo y progresista de cara al futuro.
Diseñada en un proceso consultivo y participativo, la Estrategia cuenta con la colaboración activa de las administraciones autonómicas, corporaciones locales, el sector privado, la sociedad civil y el Tercer Sector de Acción Social. Sus directrices se implementarán a través de planes operativos anuales que definirán acciones específicas, asignarán recursos presupuestarios y realizarán un seguimiento en tiempo real de los indicadores de progreso.
El programa se articula en torno a cuatro ejes fundamentales. El primero, garantizar recursos para la ciudadanía, busca asegurar ingresos mínimos adecuados mediante políticas de empleo y prestaciones sociales, además de promover el acceso a una vivienda digna. Medidas como el apoyo al alquiler, la prevención de desahucios y la lucha contra la pobreza energética se contemplan dentro de este eje, junto con la revisión del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y el fortalecimiento de las rentas del trabajo.
En segundo lugar, la inversión social en personas para transformar situaciones de vulnerabilidad y asegurar la igualdad de oportunidades se focalizará en la expansión de la educación infantil y la prevención del abandono escolar. Además, tiene como objetivo fomentar la inserción laboral de grupos con dificultades para acceder al empleo, al tiempo que se implementan medidas contra la discriminación.
El tercer pilar, el refuerzo del estado de bienestar y la protección social, se concibe para construir una red sólida que garantice los derechos sociales. Esta línea se compromete a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, especialmente para aquellas familias afectadas por la precariedad. Iniciativas como asegurar la alimentación saludable en comedores escolares y el acceso universal a la atención infantil temprana son piezas clave de este componente.
Finalmente, el cuarto eje se enfoca en el desarrollo de alianzas y el trabajo en red, promoviendo la colaboración eficiente entre todos los niveles administrativos y actores implicados en estas iniciativas, con el fin de mejorar la gestión y coordinación de políticas.
El Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, enfatizó que esta estrategia es un esfuerzo por lograr que las cifras positivas de la macroeconomía se traduzcan en mejoras tangibles en los hogares más necesitados del país. «Queremos ir más allá de una respuesta asistencial que aporta ayudas puntuales. Es una apuesta por un cambio estructural en las condiciones de vida de las personas más vulnerables», afirmó Bustinduy.
Este enfoque representa un cambio de paradigma respecto a las políticas sociales anteriores, poniendo especial atención en atajar las causas profundas de la pobreza y la exclusión social en España. La Estrategia, si cumple con sus objetivos, podría marcar un antes y un después en la lucha por la equidad y el bienestar social en el país.
Fuente: Ministerio de Consumo
