En un firme comunicado, se ha alertado sobre los peligros que representan las presiones, intimidaciones o campañas de descrédito dirigidas hacia jueces y juezas mientras desempeñan sus funciones. Según lo expresado, estos actos constituyen serias amenazas al Estado de Derecho y ponen en riesgo el correcto funcionamiento de nuestras instituciones democráticas. La advertencia resalta la importancia de proteger la independencia judicial, la cual es fundamental para garantizar un sistema democrático sólido y justo.
Esta declaración se enmarca en un contexto donde las tensiones entre distintos poderes del Estado han comenzado a manifestarse con mayor frecuencia. Abordar estas preocupaciones es crucial, ya que cualquier intento de menoscabar la imparcialidad de la judicatura tiene el potencial de erosionar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial y, por ende, en la democracia misma. Los ataques a la independencia judicial podrían derivar en un debilitamiento institucional, situación que distintas organizaciones y expertos han señalado como alarmante.
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