La reciente postergación del sistema VeriFactu, enmarcado en el Real Decreto-ley 15/2025, ha generado un terremoto en el sector de las soluciones para el punto de venta, como lo destaca La Casa del TPV, una empresa sevillana especializada en esta área. La nueva normativa ha extendido las fechas de adaptación para los Sistemas Informáticos de Facturación (SIF), lo que podría ampliar el periodo de incertidumbre en el sector hasta el 1 de enero de 2027 para los contribuyentes de Impuesto sobre Sociedades, y hasta el 1 de julio del mismo año para otros obligados tributarios.
José Ángel Salas, director comercial de La Casa del TPV, defendió que el problema radica no en el propósito de la normativa, sino en las modificaciones de los plazos que generan un trastorno significativo en el mercado. Las compañías que ya han acometido inversiones cruciales para alinearse con las nuevas regulaciones ahora enfrentan una incertidumbre considerable. “Lo que realmente afecta es que los plazos se muevan cuando ya hay inversiones realizadas”, expresó Salas.
El aplazamiento afecta negativamente a toda la cadena de suministro del sector, desde los desarrolladores de software y mayoristas informáticos, hasta los importadores. Varias empresas, que decidieron avanzar en su adaptación, ahora se enfrentan a un sobrecoste en inventario y a decisiones detenidas que están afectando su flujo de caja y operatividad diaria.
Uno de los problemas más apremiantes es la acumulación de un sobrestock de equipos adquiridos para cumplir una demanda que ahora se encuentra en pausa. Este retraso en la implementación de VeriFactu supone una depreciación constante para estos equipos, lo que podría obligar a los distribuidores a bajar precios para evitar pérdidas adicionales.
Empresas que apostaron por adelantar su adaptación, realizando inversiones en hardware y ajustes operativos, se ven ahora atrapadas en una situación incómoda: su intento de cumplir con anticipación no ha sido recompensado. “Este retraso castiga a quien se adelantó”, asegura Salas, destacando los efectos negativos sobre la confianza y la planificación estratégica de las pequeñas y medianas empresas.
Al margen de la postergación, el marco sancionador de la Ley General Tributaria sigue vigente, con multas que pueden alcanzar los 150.000 euros para fabricantes y comercializadores que incumplan las regulaciones, y hasta 50.000 euros para usuarios de sistemas no certificados.
La Casa del TPV insiste en la necesidad de una mayor estabilidad normativa, afirmando que la inseguridad regulatoria complica la planificación y causa pérdidas financieras dentro del sector. “El sector necesita estabilidad y previsibilidad. Lo contrario genera pérdidas, frena decisiones y penaliza a los actores que intentan adelantarse”, concluye Salas.
Con sede en Sevilla, esta empresa se ha consolidado como un referente en soluciones de punto de venta y asesoramiento tecnológico, particularmente en los sectores de comercio y hostelería, y busca garantizar la continuidad operativa y la adherencia a las normativas vigentes.
