El Gobierno español está a punto de transformar el panorama laboral del país con la aprobación de una reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Este paso significativo, que marca un antes y un después en la legislación laboral, será aprobado por el Consejo de Ministros este martes, tras un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, y el Ministerio de Economía, dirigido por Carlos Cuerpo, con la participación de los sindicatos CCOO y UGT. La nueva normativa está prevista para entrar en vigor entre abril y mayo de 2025, aunque aún podría experimentar modificaciones durante su proceso legislativo.
Esta medida es considerada un progreso histórico, devolviendo el enfoque a una demanda ya clásica en el ámbito laboral que busca equilibrar la vida profesional y personal de los trabajadores. Yolanda Díaz, como vicepresidenta segunda del Gobierno, ha resaltado la importancia de este avance, afirmando que es un «deber democrático» reparar desigualdades y rende homenaje a quienes han sido el núcleo de la economía española.
La transición hacia esta nueva jornada laboral se formalizará con cambios en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores. Las horas trabajadas que excedan el nuevo límite serán catalogadas como extraordinarias. Asegurándose de que no habrá pérdida de salarios ni alteraciones en los complementos laborales, el Gobierno ha estipulado que los convenios colectivos tendrán hasta finales de 2025 para implementar estos cambios.
Una parte del plan que destaca es la obligación de que las empresas instituyan un registro diario de jornada que sea “objetivo, fiable y accesible”, disponible para la Inspección de Trabajo y los representantes de los trabajadores. El incumplimiento de registrar adecuadamente las horas laborales será penalizado. Asimismo, el derecho a la desconexión digital se verá reforzado, prohibiéndose sancionar a los empleados que no respondan a comunicaciones fuera de su horario laboral.
Sin embargo, la medida no ha estado exenta de controversia. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha manifestado una oposición enérgica, calificando la propuesta de «inconstitucional» y acusando al Gobierno de exceder sus competencias en el diálogo social. A pesar de estas críticas, Carlos Cuerpo ha expresado su confianza en el acuerdo, reconociendo que aunque es probable que el texto sufra modificaciones, el objetivo final es la consecución de estos derechos manteniendo su ambición.
El impacto de esta reforma también se extiende a la vida familiar. La reducción de horas no solo intenta mejorar las condiciones laborales, sino que también facilita la conciliación familiar, permitiendo a los padres pasar más tiempo con sus hijos. Yolanda Díaz ha subrayado la importancia del tiempo personal como un recurso invaluable que esta medida contribuye a proteger.
En definitiva, el Gobierno busca asegurar un entorno laboral más equitativo y justo, promoviendo lo que Díaz ha denominado «el tiempo de vida» para los trabajadores españoles. Este cambio promete no solo beneficiar a la fuerza laboral, sino también promover un modelo de sociedad más equilibrado y sostenible.
