La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de 24 años de prisión y más de 3,7 millones de euros de multa para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en relación con supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia del COVID-19. Para su asesor, Koldo García, la Fiscalía plantea una condena de 19,5 años. En el caso del comisionista Víctor de Aldama, quien colaboró en la investigación, la solicitud de pena es más leve, de siete años de cárcel. Anticorrupción acusa a Ábalos y García de varios delitos, incluyendo organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, decidió llevar a juicio a los implicados en la primera pieza de esta trama, conocida como el «caso Koldo», resaltando que Aldama tuvo acceso a información privilegiada que le permitió obtener contratos importantes durante la emergencia sanitaria.
Por su parte, tanto Ábalos como García han recurrido su procesamiento, argumentando que la instrucción ha vulnerado sus derechos de defensa. El abogado de Ábalos, Carlos Bautista, ha denunciado que la investigación se cerró sin permitirle acceso a material digital crucial y sin atender ninguna de las diligencias solicitadas por la defensa. Además, Bautista subraya que Ábalos, en su calidad de diputado, todavía goza de aforamiento, el cual habría sido ignorado por el instructor del caso. En consonancia, el recurso de García critica la falta de acceso a pruebas propuestas y la omisión de tomar declaración a ciertos testigos como implicados, lo cual, argumenta, infringe el derecho fundamental de defensa.
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