La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha identificado a la ex presidenta de Adif como una figura central en la supuesta contratación irregular de la pareja del exministro José Luis Ábalos en dos empresas públicas: Ineco y Tragsatec. La investigación revela que estas contrataciones podrían estar vinculadas a actos de favoritismo y tráfico de influencias, destacando el rol de la ex presidenta en facilitar estos acuerdos. Los documentos internos analizados por la UCO sugieren que se realizaron acciones específicas para asegurar los puestos de trabajo, beneficiando directamente a la pareja del exministro.
Este hallazgo se enmarca en una serie de investigaciones más amplias sobre posibles irregularidades en contrataciones dentro de diversas instituciones públicas. La UCO ha intensificado sus esfuerzos para desentrañar las conexiones entre los altos cargos políticos y las entidades estatales, apuntando a prácticas que podrían comprometer la transparencia y la legalidad en la gestión de recursos públicos. Este caso en particular ha suscitado un intenso debate sobre la ética en el manejo de posiciones de poder y la necesidad de reforzar los mecanismos de control para prevenir la interferencia de intereses personales en la administración pública.
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