Madrid, 14 de octubre de 2026.- En un momento de creciente debate sobre las condiciones laborales del profesorado, el sindicato ANPE, reconocido como la principal fuerza sindical en la enseñanza pública no universitaria, ha lanzado una contundente llamada de atención al Gobierno. Su exigencia es clara: extender la posibilidad de jubilación anticipada a los 60 años con 30 años de servicio a todos los docentes, acompañada de la recuperación de los incentivos previamente asociados a esta medida.
Actualmente, esta opción de jubilación anticipada queda reservada a aquellos que comenzaron su carrera en el ámbito público antes de 2011 y están inscritos en el Régimen de Clases Pasivas del Estado. Sin embargo, este grupo es cada vez más reducido, y quienes han ingresado después de esa fecha, bajo el Régimen General de la Seguridad Social, deben continuar trabajando hasta los 66 años y 10 meses, una cifra que se elevará a los 67 años en 2027. Esta situación genera una clara división entre los dos colectivos.
ANPE advierte que, con la eventual desaparición del primer grupo, lo que hoy es una desigualdad entre dos sectores se convertirá en la completa eliminación de un derecho del que hace quince años disfrutaba de manera generalizada el profesorado.
Francisco Venzalá, presidente nacional de ANPE, ha enfatizado que esta preocupación afecta a todo el profesorado, y no solo a aquellos próximos a la jubilación. Él destaca que la jubilación anticipada no solo facilita el necesario relevo generacional, sino que también permite renovar las plantillas y evita el desgaste de quienes han dedicado décadas a una profesión exigente.
El sindicato apuesta por un «modelo flexible» que mantenga los 65 años como edad estándar de jubilación, permita la prolongación voluntaria del servicio hasta los 70, y garantice el derecho a jubilarse a los 60 con al menos 30 años de servicio. Además, ANPE insiste en la importancia de reintroducir incentivos asociados a este tipo de jubilación.
Este modelo, según ANPE, debería estar integrado en el futuro Estatuto de la Función Pública Docente, aunque Venzalá subraya la necesidad de actuar de inmediato, antes de esperar a la aprobación de dicho documento, a través de una norma con rango de Ley.
Además de la jubilación anticipada, ANPE también pide el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y la mejora de las prestaciones de MUFACE, enfocándose en el apoyo al personal jubilado y el acceso gratuito a medicamentos.
En palabras de Venzalá, “la jubilación anticipada no puede ser un derecho exclusivo de un grupo en extinción”. Por ello, insta al Gobierno a actuar rápidamente para asegurar una jubilación digna y voluntaria para todo el profesorado, favoreciendo así la renovación constante en el sector educativo.
Nota de prensa de ANPE.
