ANPE, el sindicato preeminente entre el profesorado de la enseñanza pública no universitaria en España, ha manifestado su preocupación respecto a los recientes resultados del informe TIMSS, que evalúa el desempeño en ciencias y matemáticas de alumnos de cuarto de primaria en 59 países. Según los resultados, España se sitúa en el puesto 28 de los 32 países de la OCDE y la UE participantes, un hecho calificado de negativo por el sindicato, que además resalta las notables diferencias entre las distintas comunidades autónomas españolas.
Francisco Venzalá, presidente de ANPE, ha declarado que «las alarmas que saltaron con el informe PIRLS en Cataluña y con la prueba PISA, se confirman ahora con TIMSS». Para Venzalá, es imperativo contar con más recursos tanto materiales como humanos en los centros educativos. En este sentido, denuncia que aún no se cumple la Disposición Adicional Octava de la LOMLOE, la cual estipula que el gasto público educativo debe aumentar, alcanzando al menos el 5 por ciento del PIB.
El crecimiento de la brecha educativa entre las comunidades autónomas es un tema que Venzalá considera «insostenible», tal como lo evidencian el estudio TIMSS y otros informes internacionales. Insiste en que «la enseñanza pública debe ser el eje vertebrador de la educación en todo el país», instando a los responsables políticos a trabajar conjuntamente en un sistema educativo más equitativo y cohesionado, respetando la autonomía de cada territorio pero evitando desigualdades.
Respecto al plan de refuerzo en matemáticas y lectura anunciado por el Gobierno a inicios de este año, Venzalá lamenta que de los 500 millones de euros prometidos, apenas se han destinado 95 millones, una cantidad que considera «muy pequeña para más de ocho millones de estudiantes». Señala la necesidad de apostar por los desdobles, refuerzos y apoyos para el alumnado de primaria, mientras que también pide reducir la carga burocrática y el horario lectivo del profesorado para facilitar una atención más personalizada.
En línea con su diagnóstico, Venzalá subraya la importancia de la estabilidad normativa en el ámbito educativo, advirtiendo contra la práctica de promulgar una nueva ley orgánica con cada cambio de gobierno. Destaca que para evaluar adecuadamente el impacto de una ley educativa se requieren más de diez años de implantación, un horizonte que en España aún no se ha alcanzado.
Nota de prensa de ANPE.
