El sindicato independiente de la enseñanza pública, ANPE-Madrid, ha tomado medidas legales contra el Decreto 94/2025, emitido por el Consejo de Gobierno, que establece una jornada escolar partida para los centros de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial en la Comunidad de Madrid. Como respuesta, ANPE-Madrid, a través de su asesoría jurídica representada por el despacho FJC Abogados, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La decisión del sindicato surge a raíz de diversas preocupaciones sobre la implementación y las implicaciones de este decreto. Entre ellas, ANPE-Madrid destaca la desigualdad que la jornada partida podría generar comparada con comunidades autónomas que aún utilizan la jornada continua. Esta disparidad podría intensificar la actual escasez de personal docente en la región madrileña.
Otro punto de disputa es la opción de implementar una jornada partida en centros previamente adaptados a una jornada continua sin contar con una participación suficiente por parte de los padres, madres y tutores de los alumnos. ANPE-Madrid sostiene firmemente que no existen estudios concluyentes que respalden que la jornada partida pueda reducir el abandono escolar, cuestionando así la eficacia de este cambio.
Adicionalmente, el sindicato denuncia la falta de diálogo y negociación del decreto con los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación de la Comunidad de Madrid. Consideran que dicha omisión implica una modificación sustancial e inconsulta de las condiciones laborales del personal docente.
Desde ANPE-Madrid se expresa una profunda insatisfacción con lo que consideran un «despropósito normativo». Según su postura, el decreto no solo es una medida arbitraria, sino que también socava principios básicos como la participación democrática y la autonomía pedagógica de los centros educativos.
Con todo ello, ANPE-Madrid reafirma su compromiso en la defensa de los derechos laborales de los docentes y se posiciona firmemente contra lo que percibe como una arbitrariedad administrativa. Mediante acciones legales, el sindicato busca la nulidad plena del decreto, en pro de una estructura educativa que respete la diversidad de modelos en el sistema educativo y los derechos de todos los implicados.
Nota de prensa de ANPE Madrid.
