En una petición que capta la atención del sector educativo y del funcionariado público, ANPE, el sindicato que lidera la representación del profesorado de enseñanza no universitaria en España, ha exigido al Gobierno un incremento salarial superior al 5% para 2025. Esta demanda surge en medio de crecientes preocupaciones por el poder adquisitivo perdido por los empleados públicos a lo largo de los años recientes.
El panorama salarial que había sido previamente acordado entre los años 2022 y 2024 terminó resultando perjudicial para el personal público. ANPE había advertido desde el principio que el aumento previsto sería insuficiente. La subida del 9,5% fijada para este periodo, desglosada en un 8% en términos fijos y un potencial adicional del 1,5% basado en la evolución del IPC, no logró mitigar el impacto inflacionario de estos años. Para el profesorado y el funcionariado público en general, este incremento resultó ser más un síntoma de empobrecimiento que una solución.
Aún más, el sindicato destaca que parte del aumento pactado, correspondiente a un 0,5% del año 2024, sigue sin implementarse en las nóminas de los empleados públicos, generando más desconcierto y descontento entre los afectados.
ANPE no solo se enfoca en el inmediato aumento salarial del 5% para 2025; también demanda un acuerdo a largo plazo que compense las pérdidas de poder adquisitivo acumuladas desde la crisis económica de 2010. Una de las críticas más vehementes apunta a las pagas extraordinarias, que continúan sin ajustarse al mandato del Estatuto Básico del Empleado Público, llevando a los docentes a perder anualmente más de 600 euros para el grupo A2 y cerca de 1000 euros para el grupo A1.
Otro aspecto crítico señalado por el sindicato es la equiparación salarial entre los docentes del sector público, sin importar su comunidad autónoma. ANPE denuncia las disparidades salariales que en algunos casos llegan a ser de hasta 6.000 euros anuales solamente considerando las retribuciones básicas. Además, la falta de un reconocimiento uniforme de la carrera profesional horizontal y la omisión de remunerar los meses de verano para el profesorado interino en ciertas regiones vinculan aún más estas diferencias salariales al ámbito de la injusticia.
La posición de ANPE resalta una vez más la necesidad de debatir y resolver las cuestiones salariales que afectan al profesorado, quienes desempeñan un papel crucial en la consolidación del futuro educativo del país. Mientras el diálogo con el Gobierno se posiciona como la próxima etapa, la demanda de ANPE por mejoras retributivas y justicia salarial persiste, en un contexto donde cada porcentaje importa en la lucha por mejorar las condiciones de sus representados.
Nota de prensa de ANPE.
