En medio del auge global de las granjas de insectos, España emerge como un potencial líder europeo con cerca de 40 explotaciones operativas. Un proyecto destacado es la megagranja de insectos en Salamanca, programada para abrir en 2023, que promete ser la más grande del mundo con 90,000 metros cuadrados y 250 empleados. Este proyecto, gestionado por la empresa biotecnológica Tebrio, planea producir anualmente 100,000 toneladas de gusanos de la harina, principalmente para uso en alimentación animal, fertilizantes y la industria cosmética y textil, sacando partido de sus altos valores nutricionales y bajo impacto ambiental. Sin embargo, esta expansión ha suscitado preocupaciones entre las organizaciones animalistas y de bienestar animal, que argumentan que la industria debe considerar el bienestar de los insectos, percibidos como seres sintientes aunque todavía falten pruebas científicas concluyentes.
Las granjas de insectos enfrentan un contexto regulatorio difuso en la Unión Europea, donde la normativa vigente no aborda específicamente las necesidades de bienestar de los invertebrados. Eurogroup For Animals, una destacada organización ecologista europea, alerta sobre el impacto potencial de estas prácticas en el medio ambiente y la ganadería intensiva, pidiendo políticas más estrictas para gestionar su crecimiento. Aunque el Parlamento Europeo destaca la importancia de evaluar los efectos ambientales y de bienestar animal de la cría masiva de insectos, la industria defiende la producción como una solución a las necesidades crecientes de proteína, tanto para consumo humano como animal, resaltando su papel potencial en la diversificación sostenible del sistema alimentario. Al mismo tiempo, activistas argumentan que, sin una normativa adecuada, el rápido desarrollo del sector puede impedir avances hacia sistemas alimentarios más sostenibles.
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