Andrés Camilo Hernández Ramírez, figura cercana al presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha estado en el centro de la controversia tras su nombramiento y posterior destitución como cónsul en México. Designado en febrero de 2023, Hernández carecía de experiencia diplomática, lo que llevó al Consejo de Estado a anular su nombramiento un año después. A pesar de su reinstalación, su gestión ha estado plagada de irregularidades financieras que incluyen denuncias penales por estafa y el manejo indebido de fondos públicos. Documentos e investigaciones revelados por EL PAÍS cuestionan su idoneidad y señalan adeudos significativos relacionados con la contratación sin autorización y el mal uso de recursos consulares, además de deudas personales y disputas con arrendadores y organizaciones locales.
Uno de los casos más sonados involucra a Sonia Cuesta, una exempleada consular que regresó a Colombia tras pensionarse, confiando sus ahorros de toda la vida al cónsul con la promesa de que serían transferidos a su cuenta colombiana. Sin embargo, Hernández solo le devolvió una parte del dinero, argumentando restricciones bancarias en México y excusándose con justificativos vagos. A pesar de sus reclamos y de un proceso legal en curso, la mayor parte del dinero sigue sin ser recuperada. Mientras tanto, Hernández enfrenta críticas por deudas pendientes con colectivos de colombianos en México, incumplimientos de contrato de arrendamiento y su aparente falta de pagos a terceros. Aunque asegura que su salario es insuficiente para cubrir gastos representativos, sus finanzas personales, que incluyen la reciente compra de un vehículo, contrastan con las dificultades económicas expresadas en las denuncias.
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