En el quincuagésimo aniversario de la ejecución de cinco militantes antifranquistas —dos miembros de ETA y tres del FRAP—, los grupos políticos Sumar y Bildu han instado a reconocer a estos individuos como «luchadores por la democracia». Ambos partidos sostienen que las circunstancias históricas y políticas de su tiempo justifican un homenaje, destacando que sus ejecuciones simbolizaron la represión del régimen franquista contra quienes se oponían activamente a la dictadura. El llamamiento a honrar su memoria se produce en un contexto de creciente debate sobre cómo debe recordarse a las figuras históricas relacionadas con la resistencia al franquismo.
Estas demandas han generado controversia en el ámbito político español. Mientras algunos sectores consideran que homenajear a estos individuos es un reconocimiento necesario de su lucha por la libertad, otros argumentan que no se deben obviar sus actos violentos, enfatizando que los crímenes cometidos por ETA y el FRAP complican su legado. La discusión se inserta en una conversación más amplia sobre la memoria histórica en España, donde la reciente Ley de Memoria Democrática busca abordar injusticias pasadas y promover una reflexión crítica sobre el franquismo y sus opositores.
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