En un reciente anuncio realizado por la Junta de Gobierno, se ha establecido un mínimo del 4 % para los contratos públicos que los órganos de contratación municipales reservarán en 2026 a los centros especiales de empleo de iniciativa social y las empresas de inserción. La vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, fue la encargada de comunicar esta medida, que busca fortalecer la integración laboral y fomentar oportunidades para colectivos en situación de vulnerabilidad.
Este nuevo enfoque subraya el compromiso del Ayuntamiento con la responsabilidad social y la promoción de prácticas inclusivas en la contratación pública. La decisión refleja una intención clara de utilizar el poder adquisitivo de las administraciones locales para incentivar el empleo de calidad y favorecer a entidades que trabajan directamente con personas en riesgo de exclusión.
La medida ha sido bien recibida por diversas organizaciones y colectivos que abogan por un modelo económico más justo y sostenible. Se espera que este aumento en la reserva de contratos contribuya significativamente al desarrollo de un mercado laboral más equitativo, facilitando que las personas con dificultad para acceder al empleo puedan encontrar oportunidades más estables.
Asimismo, el Ayuntamiento ha manifestado su intención de seguir evaluando y ajustando sus políticas de contratación con el objetivo de incrementar progresivamente este porcentaje en el futuro. Estas acciones se enmarcan dentro de un conjunto más amplio de iniciativas destinadas a transformar las dinámicas laborales y promover un crecimiento inclusivo dentro de la ciudad.
Con esta medida, Madrid se suma a otras urbes que ya están implementando estrategias similares, consolidando así su posición como una ciudad comprometida con la inclusión y la responsabilidad social en el ámbito de las contrataciones públicas.
