Amnistía Internacional ha instado a España a no permitir exportaciones de armas de fuego, incluidos rifles, escopetas y pistolas, hacia Estados Unidos, citando la falta de medidas de control adecuadas que contribuyen al ciclo de violencia armada en el país norteamericano. Este llamado a la acción se produce en un contexto en el que Estados Unidos ha sido el principal receptor de las exportaciones españolas de estos productos. Durante 2023, el gobierno español autorizó 90 licencias de venta de armas a Estados Unidos por un valor de 233,9 millones de euros, lo cual representa 66% de las autorizaciones a nivel mundial, y el 64,4% del valor total fue ejecutado. En el primer semestre de 2024, se aprobaron 29 licencias adicionales por 199,2 millones de euros, con un 70% de estas compras realizadas por empresas privadas. Esta situación sucede a pesar de que en Estados Unidos circulan más de 400 millones de armas y se importa una cantidad significativa de estas anualmente.
Además de Estados Unidos, Amnistía ha presentado recomendaciones sobre exportaciones a otros países y regiones, como Israel y Arabia Saudí, solicitando embargos y condiciones estrictas para la exportación de material militar. La organización también destaca la necesidad de investigar supuestas irregularidades, como los vuelos de aviones con material militar desde Zaragoza, y solicita el endurecimiento de controles en la venta de material policial a países como Kenia y Perú, en respuesta a violaciones de derechos humanos y represiones violentas. Asimismo, la ONG reclama más transparencia en la aplicación del protocolo de verificación posventa y urge la creación de una nueva ley de Secretos Oficiales. En un esfuerzo más amplio, AI está promoviendo una campaña internacional para prohibir las armas autónomas y el comercio de instrumentos de tortura, reflejando así su compromiso con el control del comercio de armas y la protección de los derechos humanos en todo el mundo.
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