La Fiscalía del Tribunal Supremo ha abierto una investigación contra un eurodiputado acusado de presunta financiación ilegal. La indagación se centra en una suma de 100.000 euros que el político habría recibido en efectivo de una plataforma de criptomonedas, desencadenando sospechas sobre la legitimidad de dichos fondos y su posible utilización para fines electorales u otros beneficios personales no declarados.
El caso surge en un contexto de creciente escrutinio sobre las transacciones financieras de figuras públicas y la transparencia en la política europea. La plataforma de criptomonedas, cuyo nombre no ha sido revelado, está también bajo el lente de las autoridades por su posible papel en la facilitación de este tipo de operaciones ilícitas. Este incidente subraya la necesidad de una mayor vigilancia y regulación en el manejo de criptomonedas para prevenir su uso en actividades ilegales.
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