El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, en el centro de una intensa batalla legal, rompió su silencio tras ser condenado a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno. Durante la audiencia de sentencia, Uribe presentó oralmente su apelación, alegando que el fallo en su contra es un «discurso político» diseñado para silenciar su voz como opositor democrático. La jueza Sandra Heredia, quien ordenó la pena inmediata, fue criticada por Uribe, quien insistió en que el proceso ha sido influenciado por una instrumentalización política de la justicia, conocida como «lawfare». Uribe también protestó enérgicamente por la implicación de su familia en el caso, especialmente después de que la jueza insinuara una filtración de información a los medios por parte de uno de sus hijos.

Durante su extenso discurso, defendió su derecho a la oposición política y criticó al gobierno del presidente Gustavo Petro, acusando al oficialismo de buscar su condena por motivos políticos. El fallo judicial se centra en acusaciones de que Uribe aprobó sobornos a exparamilitares para cambiar sus testimonios, un punto que Uribe niega, asegurando que solo instruyó a su abogado, Diego Cadena, a investigar la verdad. Uribe afirmó que los testigos en su contra son «criminales» con deseos de venganza por sus capturas durante su gobierno, y acusó al senador de izquierda Iván Cepeda de abusar de los derechos humanos para perjudicarlo. A pesar de la sentencia, el exmandatario mantiene su lucha y el caso ahora será revisado por el Tribunal Superior de Bogotá, donde su apelación será escuchada.

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