El expresidente colombiano Álvaro Uribe enfrenta un nuevo capítulo en su caso judicial por los delitos de soborno y manipulación de testigos, luego de que su defensa legal, encabezada por el abogado Jaime Granados, interpusiera una acción de tutela alegando violaciones a las garantías procesales. La defensa argumenta que el juzgado de Bogotá no proporcionó tiempo suficiente para evaluar pruebas cruciales almacenadas en un computador y un celular incautados a Juan Guillermo Monsalve, uno de los testigos contra Uribe. La inmediatez en el acceso a esta evidencia, que apenas se logró el 30 de septiembre, contrasta con la fecha de la audiencia, programada para el 2 de octubre, sin que sus solicitudes de aplazamiento fueran atendidas por la jueza Sandra Liliana Heredia. La defensa insiste en que lo ideal habría sido un plazo más amplio para realizar un peritaje exhaustivo, pues han identificado posibles adulteraciones en el material ya disponible. Sin embargo, las víctimas y sus abogados temen que esta estrategia sea un ardid para extender el proceso hasta que el caso prescriba en 2025.
El contexto se remonta a 2012, cuando Uribe acusó al senador Iván Cepeda de falsos testimonios en un supuesto complot en su contra, pero en 2018, la Corte Suprema cambió su enfoque e inició una investigación sobre Uribe por supuesta manipulación de testigos. Este proceso ha sido caracterizado por múltiples intentos de cierre durante la administración de Francisco Barbosa como fiscal general, quien buscó tres veces la preclusión del caso. Sin embargo, el nombramiento de nuevos fiscales ha revitalizado el proceso, culminando en mayo con acusaciones formales contra Uribe. El juicio actual es notorio, ya que marca una rara ocasión donde un expresidente colombiano enfrenta cargos criminales. Mientras tanto, la defensa de Uribe continúa argumentando que los derechos del expresidente han sido sistemáticamente vulnerados por el tribunal, destacando la importancia de esclarecer la verdad para que la justicia se aplique correctamente.
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