En una carta pública, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez ha decidido renunciar a su derecho a la prescripción de su caso judicial ante el Tribunal Superior de Bogotá, lo cual podría haber cerrado el expediente si no se emitía una sentencia de segunda instancia antes del 15 de octubre. Uribe, condenado a 12 años de prisión por soborno en actuación penal y fraude procesal, busca ahora someterse plenamente al escrutinio judicial, permitiendo que se revise su condena ya en 2027. Este movimiento contrasta con las acusaciones previas de la jueza Sandra Heredia, quien lo condenó en primera instancia y lo acusó de utilizar tácticas dilatorias para evitar la sentencia. Uribe y su defensa niegan estas acusaciones, y su decisión ofrece un nuevo marco temporal para cualquier resolución judicial, impactando además la escena política, mientras los comicios legislativos y presidenciales se aproximan.
La condena impuesta a Uribe ha sido un acontecimiento inédito en la política colombiana, superando incluso las expectativas de la Fiscalía con una pena mayor a la solicitada. Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó su liberación inmediata tras revisarse su detención domiciliaria, considerándola desproporcionada. Este fallo ha revitalizado al exmandatario y su influencia en el partido opositor Centro Democrático, justo en el contexto preelectoral. Tras ser liberado, Uribe ha iniciado actividades políticas, resaltando su presencia en Sabaneta y participando en homenajes a figuras políticas como Miguel Uribe Turbay. Su activismo renovado promete una intensa participación en el escenario político de cara a las próximas elecciones.
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