En medio de una creciente controversia, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reafirmó su decisión de no dimitir, a pesar de estar al borde del banquillo. Desde Galicia, su tierra natal, García Ortiz defendió su postura, calificando de infundadas las acusaciones en su contra sobre un supuesto delito de revelación de secretos. Antes de clausurar un evento conmemorativo del 30º aniversario de la Ley del Jurado en Bergondo, el fiscal general dejó claro que no tiene intención de retirar su puesto, incluso si se confirma la apertura de un juicio oral. Según él, el tiempo transcurrido no ha presentado nuevas evidencias que justifiquen un cambio de opinión, insistiendo en que las acusaciones son «infamias».
El auto emitido por el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, indica que García Ortiz podría haber revelado información sobre un caso de fraude fiscal vinculado a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Aunque periodistas han testificado que la información ya circulaba en los medios, Hurtado decidió proseguir con el caso tras ocho meses de investigación. García Ortiz, respaldado por compañeros y manifestaciones del Gobierno de Pedro Sánchez, se mantiene firme, argumentando que su dimisión podría debilitar la institución que preside. Según él, un cambio en la fiscalía resultaría en una «figura débil» para el cargo.
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