La reciente elección presidencial en Túnez ha estado marcada por una abstención histórica del 72%, reflejo de un descontento generalizado hacia el presidente Kais Said, quien busca su reelección en un panorama político turbulento. En 2019, Said llegó al poder con la promesa de estabilizar el país tras años de desorden político, pero sus medidas han sido polémicas, incluyendo la disolución del Parlamento en 2021 y la reforma constitucional que centralizó el poder en sus manos. Esta concentración de poder, junto con la exclusión de candidatos de la oposición y la ausencia de supervisión independiente en las elecciones, ha generado una desconfianza significativa entre los votantes tunecinos. A pesar de los llamados al boicot y la baja participación, Said parece tener asegurada su reelección, una situación que pone en duda la legitimidad del proceso democrático en Túnez.
Por otra parte, el contexto social y económico en Túnez sigue siendo crítico, agravado por una crisis migratoria y el continuo enfrentamiento con la Unión de Trabajadores de Túnez sobre el plan de rescate del Fondo Monetario Internacional. La negativa de Said a aceptar la ayuda financiera de la Unión Europea, considerada insuficiente, ha complicado aún más las relaciones con Bruselas en cuestiones de control migratorio. Además, la represión política se ha intensificado, con más de 170 personas detenidas por sus actividades políticas, incluidas figuras destacadas de la oposición. Estos desafíos plantean un escenario incierto para Túnez, tanto en el ámbito nacional como en sus relaciones internacionales, mientras el país atraviesa un periodo de gran inestabilidad política y social.
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