El calendario de cierre de la central nuclear de Almaraz vuelve a estar en cuestión. Un borrador de recomendaciones de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, elaborado tras una visita oficial a Extremadura en febrero, pide expresamente revertir el cierre de la planta, advierte de los riesgos económicos y demográficos para una región menos desarrollada y reclama al Gobierno español una evaluación de impacto transparente y diálogo real con las autoridades regionales y locales. El texto no es vinculante, pero sí supone un respaldo político claro a la continuidad de la central.
La posición del borrador europeo es especialmente explícita en el caso de Almaraz. Entre sus recomendaciones, la delegación subraya que las decisiones sobre infraestructuras energéticas estratégicas deben basarse en criterios transparentes y técnicamente justificados, recuerda que la taxonomía europea reconoce la energía nuclear como actividad transitoria para la mitigación climática y, en el punto más sensible, “pide la reversión del cierre de la planta de Almaraz para garantizar la estabilidad de la red”.
Ese debate llega con fechas muy concretas sobre la mesa. Según el Consejo de Seguridad Nuclear, la autorización vigente de explotación caduca el 1 de noviembre de 2027 para la unidad I y el 31 de octubre de 2028 para la unidad II. Además, el propio CSN confirmó que el titular de la instalación solicitó el 30 de octubre de 2025 modificar la autorización para permitir la operación de ambas unidades hasta el 8 de junio de 2030.
Es decir, la discusión ya no gira solo en torno al calendario pactado en 2019, sino sobre si ese calendario sigue teniendo sentido en el nuevo contexto energético, industrial y geopolítico. El borrador europeo recoge precisamente esa preocupación: varios interlocutores defendieron ante la delegación que la nuclear sigue siendo una fuente baja en carbono que complementa a las renovables intermitentes, especialmente en ausencia de suficiente almacenamiento, y que España es hoy uno de los pocos Estados miembros que mantiene una política explícita de cierre nuclear.
El documento también da mucho peso al impacto territorial. La delegación advierte de los riesgos demográficos y económicos que supondría el cierre de una gran instalación industrial en una región con menor desarrollo relativo, y exige que cualquier transición energética venga acompañada de diversificación económica robusta y oportunidades de empleo local. Durante la visita, el presidente de la plataforma ciudadana “Sí a Almaraz, Sí al Futuro” defendió que la central sostiene alrededor de 4.000 empleos directos e indirectos y representa más del 5 % del PIB regional, mientras que la propia dirección de la planta la presentó como la mayor instalación productora de electricidad de España y una pieza de estabilidad para el sistema extremeño.
Otro punto políticamente delicado es el reproche institucional al Ejecutivo central. La delegación lamentó expresamente que representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no participaran en las reuniones mantenidas durante la misión, al considerar que su presencia habría demostrado compromiso con las preocupaciones planteadas por peticionarios, alcaldes y autoridades regionales. Ese malestar coincide con las quejas de la plataforma y de responsables locales por la falta de interlocución efectiva con el Gobierno.
Mientras Bruselas aprieta en favor de una revisión, el frente político en Extremadura también se ha movido. El acuerdo de gobierno firmado por PP y Vox incluye de forma literal “blindar la continuidad de Almaraz” y contempla una reforma de la ecotasa autonómica que grava la producción de energía en la central, con una reducción del 30 % anual hasta su eliminación completa antes del final de la legislatura. El texto fija como horizonte de esa medida el 1 de enero de 2027 y añade que, si el Gobierno central reduce la carga impositiva estatal o ajusta la tasa de ENRESA, ambas partes revisarán la decisión al nuevo escenario.
La combinación de estos elementos cambia el tono del debate. Ya no solo son las empresas propietarias las que han pedido una prórroga hasta 2030; ahora hay también un borrador europeo que pide revertir el cierre, un regulador nuclear que ya tramita la solicitud formal y un pacto autonómico que convierte la continuidad de Almaraz en una bandera política. Eso no significa que el cierre haya quedado descartado, pero sí que la decisión es hoy mucho más discutida y políticamente más costosa que hace unos años.
| Fecha | Hito |
|---|---|
| 30 de octubre de 2025 | El titular solicita ampliar la explotación de ambas unidades hasta el 8 de junio de 2030 |
| 18 de noviembre de 2025 | El CSN confirma que ha recibido del Ministerio la petición de informe preceptivo |
| 16 a 18 de febrero de 2026 | La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo visita Almaraz |
| 1 de noviembre de 2027 | Caducidad actual de la autorización de la unidad I |
| 31 de octubre de 2028 | Caducidad actual de la autorización de la unidad II |
¿La Unión Europea ha ordenado mantener abierta Almaraz?
No. Lo que existe es un borrador de recomendaciones de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que pide revertir el cierre y reclama un análisis de impacto transparente. No es una decisión ejecutiva ni vinculante.
¿Cuándo tendría que cerrar Almaraz según la autorización vigente?
La unidad I el 1 de noviembre de 2027 y la unidad II el 31 de octubre de 2028, según el CSN.
¿Qué han pedido las propietarias de la central?
Han solicitado modificar la autorización de explotación para que ambas unidades puedan operar hasta el 8 de junio de 2030.
¿Qué incluye el acuerdo PP-Vox en Extremadura sobre Almaraz?
Incluye blindar la continuidad de la central y reducir progresivamente la ecotasa autonómica que grava su producción hasta eliminarla antes del final de la legislatura.
