Alejandro «Alito» Moreno, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), enfrenta un nuevo intento de desafuero promovido por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche. Se le acusa de desviar 83.5 millones de pesos durante su gestión como gobernador del estado entre 2015 y 2019. Moreno denuncia que el partido Morena está llevando a cabo una «persecución política brutal» en su contra. A pesar de contar con amparos que, según él, deberían archivar el caso, las solicitudes de desafuero mantienen abierta la posibilidad de enjuiciarlo penalmente. La Cámara de Diputados prepara una sesión para evaluar la primera solicitud de desafuero, presentada en 2022 por enriquecimiento ilícito, y ahora enfrenta un segundo frente debido a la nueva solicitud.
La Sección Instructora de la Cámara, dominada por el oficialismo, está encargada de procesar estas solicitudes, y en el pleno, Morena y sus aliados tienen suficientes votos para decidir sobre el desafuero de Moreno. Aunque los esfuerzos por impugnar su reelección como presidente del PRI no lograron resultados, él asegura estar listo para lo que ve como un embate del oficialismo. Alito insiste en que la acción es un intento de intimidación política y se mantiene desafiante, afirmando que su voz no será silenciada. El contexto político ha cambiado, y los votos de los partidos opositores han perdido peso en las decisiones legislativas, dejando en entredicho cualquier intento de remoción basado en alianzas políticas.
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