La Electronic Frontier Foundation (EFF) se ha sumado a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y a varias organizaciones de diversa índole para interponer un «amicus brief» solicitando la revocación de un decreto ejecutivo instaurado por el expresidente Donald Trump. Este decreto impone restricciones al bufete de abogados Perkins Coie, famoso por su defensa de derechos de voto y representación de críticos políticos del expresidente.
Con más de tres décadas velando por los derechos de los usuarios de tecnología, la EFF ha mostrado su apoyo al bufete Perkins Coie en su resistencia contra lo que ellos califican de orden sorprendente, vengativa e inconstitucional. Argumentan que el decreto, promulgado el 6 de marzo, vulnera la Primera Enmienda y menoscaba el estado de derecho, comprometiendo la integridad de la profesión legal. Las demandas contra el gobierno son un eje crucial del sistema de pesos y contrapesos que preserva la democracia estadounidense.
El amicus brief advierte que permitir la vigencia de este decreto podría afectar la capacidad de los estadounidenses para acceder a asesoría legal en asuntos fundamentales, además de restringir su libertad para gestionar sus asuntos personales y comerciales. La EFF recalca que este decreto, si se aplica, instauraría un precedente alarmante donde los bufetes podrían ser castigados por representar a opositores de una administración, constituyendo un abuso de poder y una amenaza a derechos constitucionales.
El decreto no sólo amenaza al bufete Perkins Coie por ejercer un derecho constitucional en su representación legal, sino que también pone en riesgo la separación de poderes y el derecho de los litigantes a elegir a sus abogados, principios amparados por las Enmiendas Quinta y Sexta.
Finalmente, la organización hace un llamado al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito de Columbia para que elimine rápidamente el decreto y urge a la profesión legal a condenar enérgicamente esta medida. En un tiempo donde varias firmas legales han evitado oponerse, la EFF subraya la importancia de que la comunidad legal defienda los principios que sostienen la democracia y el estado de derecho.
