La reciente sanción impuesta por el gobierno estadounidense a Francesca Albanese, Relatora Especial de la ONU sobre derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, ha encendido una serie de reacciones a nivel mundial. La medida, amparada bajo un decreto del expresidente Donald Trump, clasifica las acciones de la Corte Penal Internacional (CPI) como «ilegítimas», especialmente en las acusaciones contra Estados Unidos e Israel.
Más de 50 organizaciones de la sociedad civil, encabezadas por la Electronic Frontier Foundation (EFF), han demandado la retirada de este castigo. Expresan que estas sanciones no solo afectan la labor de Albanese, sino que ponen en riesgo el sistema global de derechos humanos, al intimidar a quienes documentan violaciones de estos derechos.
El conflicto se intensificó tras un informe titulado «De la economía de la ocupación a la economía del genocidio», donde se describe cómo empresas tecnológicas de Estados Unidos, como Microsoft y Amazon, están implicadas en proveer infraestructura que contribuye a la militarización de la ocupación en Gaza. Según Albanese, estas tecnologías sirven para controlar y oprimir sistemáticamente a la población palestina.
El rol de los relatores de la ONU, aunque sin autoridad formal, es crucial en la recopilación de datos sobre derechos humanos, presionando a gobiernos a rendir cuentas por sus acciones. Sin embargo, las sanciones amenazan con interferir en el trabajo de Albanese, especialmente con la cercanía de la 80ª sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
En conferencia de prensa, Albanese destacó que las sanciones parecen querer minar su misión de denunciar la violencia sistemática en Palestina, y urge a Estados Unidos a reconsiderar su posición. La situación subraya la importancia de proteger espacios críticos para la defensa de derechos humanos, especialmente en contextos tan complejos como el palestino.
