La relación bilateral entre Estados Unidos y El Salvador ha alcanzado un nuevo nivel tras el acuerdo sobre la recepción de delincuentes deportados, que ahora son alojados en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot) en El Salvador. En una reciente reunión en Washington, el presidente Donald Trump agradeció a su homólogo Nayib Bukele por colaborar en su plan migratorio, lo que ha llevado a una estrecha cooperación entre ambas naciones. Según Bukele, El Salvador está dispuesto a aceptar convictos, incluidos ciudadanos estadounidenses, a cambio de una tarifa. Esta tarifa representa un significativo apoyo financiero para el mantenimiento del sistema penitenciario salvadoreño, aunque aún está lejos de cubrir sus costos anuales.
Para Estados Unidos, la externalización de su sistema penitenciario a El Salvador supone un ahorro considerable, dado que el costo anual de encarcelar a un preso en EEUU es más del doble de lo acordado por cada deportado enviado al Cecot. Sin embargo, el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar las deportaciones ha provocado un enfrentamiento legal. Un juez federal ordenó que los aviones con deportados regresaran, pero la Administración de Trump desobedeció el mandato, desencadenando una batalla judicial. La Corte Suprema permitió la aplicación temporal de la ley, pero enfatizó la necesidad de informar a los migrantes y revisar sus casos. Mientras tanto, El Salvador no solo obtiene ingresos, sino también el favor de la Administración estadounidense, en medio de críticas de organizaciones de derechos humanos.
Leer noticia completa en 20minutos.
