El gobierno mexicano ha encendido la alarma en numerosas organizaciones de derechos civiles tras la aprobación de un paquete legislativo en julio que amenaza con invadir la privacidad de sus ciudadanos. Esta reforma permite a fuerzas de seguridad civiles y militares el acceso a un vasto conjunto de datos personales, obligando a cada ciudadano a proporcionar información biométrica sin necesidad de sospecha previa de actividad delictiva.
El centro del debate es la creación de la Central Intelligence Platform, una plataforma de inteligencia interconectada que otorga acceso a información personal a agencias de inteligencia y seguridad en todos los niveles de gobierno. Este sistema incluye datos sobre matrículas vehículos, detalles biométricos, información telefónica, registros financieros y de salud.
Presentadas como herramientas para la lucha contra el crimen de alto impacto, estas leyes son vistas con recelo por organizaciones como RD3 y Artículo 19, que advierten sobre el riesgo de establecer un sistema de vigilancia desenfrenado que afecta negativamente los derechos de privacidad y de libertad de expresión, además de socavar el principio de presunción de inocencia.
Un análisis reciente resalta que estas leyes obligan a todos los mexicanos a inscribirse en un sistema de identificación biométrica, integrando huellas dactilares y fotografía, necesarias para efectuar transacciones o acceder a servicios esenciales como la banca, atención médica y educación. Además, la Ley de Telecomunicaciones pide a las empresas de telecomunicaciones relacionar números telefónicos con identificaciones biométricas, y sancionar el incumplimiento con la suspensión de servicios.
El acceso de las fuerzas armadas a esta red de inteligencia en tiempo real exacerba las preocupaciones de un entorno de vigilancia desmedida. Las empresas, tanto locales como internacionales, están obligadas a interconectar sus bases de datos o a entregar información al gobierno sin el requisito de una autorización judicial previa.
Este marco normativo no solo habilita la vigilancia sin justificación aparente, sino que también impone penalizaciones por la divulgación de información considerada confidencial. La comunidad internacional de derechos humanos ha hecho un vehemente llamado a la vigilancia y resistencia ante este sistema de supervisión masiva, subrayando la colaboración para salvaguardar los derechos fundamentales frente a regulaciones desproporcionadas.
