Un estudio reciente del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) alerta sobre la gravedad de la intoxicación por plomo en la población pediátrica de México, señalando que 1,3 millones de niños de entre uno y cuatro años están afectados. Entre los menores de uno a 14 años, el número asciende a 3,3 millones. La investigación, realizada entre 2022 y 2023, pone de manifiesto que los niños de comunidades indígenas, así como aquellos con desnutrición crónica y altos niveles de carencia, son los grupos más vulnerables. La principal fuente de contaminación es la loza de barro vidriado con plomo utilizada en utensilios tradicionales. Como consecuencia, los menores afectados podrían sufrir una pérdida de hasta 6,42 puntos en el cociente intelectual, lo que señala un significativo problema de justicia ambiental al afectar desproporcionadamente a las poblaciones más desfavorecidas.
El informe destaca que, pese a los esfuerzos de instituciones como el Fondo Nacional para el Fomento las Artesanías (Fonart) y el Consejo de Salubridad General, la implementación de medidas para controlar la exposición al plomo ha sido deficiente. El Programa de Acción de Aplicación Inmediata para el Control de la Exposición a Plomo, aprobado en 2019, aún no ha mostrado progresos tangibles. Estados como Puebla, San Luis Potosí y Tlaxcala registran los niveles más altos de toxicidad, mientras que la comunidad indígena y aquellos en situaciones de pobreza son los más afectados. No existe un nivel seguro de exposición a este metal, y su presencia en la sangre superior a 5 µg/dL se considera tóxica. Esto plantea una urgente necesidad de intervención para mitigar los efectos neurotóxicos y sistémicos del plomo, que continúan amenazando la salud pública, especialmente entre los sectores más vulnerables.
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