En 2025, con la entrada en vigor de nuevas regulaciones laborales y un aumento significativo del Salario Mínimo Interprofesional, que se establecerá en 1.184 euros brutos al mes, se ha vuelto imperativo que las familias formalicen la contratación de cuidadoras para cumplir con la normativa vigente. Esta situación crítica se ha convertido en una prioridad para muchas familias que buscan evitar las severas sanciones por no adherirse a las leyes laborales.
El incumplimiento de estas normativas podría resultar en multas que pueden alcanzar los 12.000 euros por cada trabajadora que no esté formalmente dada de alta. Además, las familias se enfrentarían al pago de cotizaciones atrasadas junto con los recargos correspondientes. En este contexto, Cuidum, una empresa especializada en asistencia domiciliaria, ha emitido una advertencia sobre los peligros de no adecuar los procesos de contratación al marco legal vigente. La empresa insta a las familias a tomar medidas para regularizar su situación laboral.
El sector de los cuidados a domicilio en España presenta un alto grado de informalidad, un fenómeno que agrava aún más la situación. La formalización de los contratos, incluso aquellos a tiempo parcial, es fundamental. Esta medida no solo es un requisito legal, sino que también pone a los empleados en una posición más segura, protegida por derechos laborales básicos.
A partir de 2025, el salario mínimo por hora para las cuidadoras será de 9,26 euros. El incumplimiento de este reglamento no solo podría llevar a responsabilidades legales, sino que el Gobierno ha intensificado las inspecciones laborales con el objetivo de eliminar la economía sumergida en este sector. Las autoridades han iniciado controles aleatorios para verificar que las normativas están siendo cumplidas.
Optar por contratos informales conlleva riesgos significativos para las familias, desde multas considerables hasta el pago de cotizaciones atrasadas. Además, pueden surgir complicaciones adicionales, especialmente en casos de accidentes laborales o despidos, aumentando así la carga legal y financiera sobre las familias.
Más allá de ser una exigencia legal, la formalización de los contratos impacta directamente en la calidad del servicio. Contratar formalmente confiere estabilidad a los trabajadores, permitiéndoles acceder a derechos clave como bajas por enfermedad y vacaciones. Estas garantías motivan a las cuidadoras a realizar su trabajo con mayor eficacia y dedicación, centrando su atención en el bienestar de los mayores a su cargo.
Es crucial que las familias se aseguren de que todos los aspectos legales estén en orden. Para ello, algunas preguntas fundamentales giran en torno a la legalidad de la contratación de la cuidadora, la actualización del salario conforme al último aumento del SMI y la aplicación adecuada del Mecanismo de Equidad Intergeneracional.
Cuidum se establece como una solución integral para las familias que buscan seguridad y cumplimiento legal en la contratación de cuidadoras. Ofrecen asesoramiento en normativa laboral, selección de profesionales cualificados, redacción de contratos ajustados a la ley y gestión de trámites administrativos. Con más de 100.000 familias atendidas en toda España, la empresa se compromete a proporcionar un servicio seguro y fiable, garantizando el bienestar tanto de los mayores como de las cuidadoras.
