El gobierno alemán, conocido por su rigurosa protección de la privacidad, enfrenta crecientes críticas debido a la propuesta de un nuevo paquete de seguridad que busca expandir significativamente la vigilancia biométrica. Esta iniciativa surge como respuesta a un incidente ocurrido en agosto en la ciudad de Solingen y está orientada a reforzar las leyes de asilo y aumentar los poderes de las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, esta propuesta ha generado inquietud, ya que contraviene los principios del pacto de coalición del gobierno, así como la normativa europea y la constitución alemana. Los planes incluyen permitir a las autoridades utilizar tecnologías de reconocimiento biométrico para identificar sospechosos mediante la comparación de datos como audio, video e imágenes con información disponible públicamente en Internet. Esta forma de vigilancia podría tener serias repercusiones sobre los derechos fundamentales y podría permitir el seguimiento de personas en situaciones sensibles, como demostraciones políticas.
El proyecto se enfrenta a un conflicto directo con el Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE, que prohíbe la ampliación de bases de datos biométricas mediante sistemas de reconocimiento facial. A pesar de las expectativas de que el gobierno alemán aplicara esta prohibición, el nuevo paquete sugiere todo lo contrario, al incluir medidas que autorizarían a la Oficina Federal para la Migración y el Asilo a identificar a solicitantes de asilo indocumentados por medios biométricos.
Asimismo, se incluye la posibilidad de que las fuerzas del orden usen minería de datos para prácticas de «policía predictiva», lo que puede comprometer la privacidad y aumentar la discriminación racial, dado el historial de ineficacia de los sistemas de reconocimiento facial con personas de color.
En el ámbito digital, se pretende utilizar una provisión del Acta de Servicios Digitales de la UE para obligar a las plataformas en línea a compartir datos de usuarios con la policía en casos de delitos violentos. Esta medida podría restringir la libertad de expresión en Internet y resalta que la protección de los derechos fundamentales no parece ser una prioridad actual del gobierno.
La respuesta pública ha sido contundente, con miles de ciudadanos protestando en Berlín contra este paquete de seguridad. Expertos y organizaciones civiles han manifestado su disconformidad, argumentando que tales estrategias infringen derechos fundamentales y van en contra de compromisos políticos previos. En este clima, se hace un llamado a proteger los derechos fundamentales más que nunca.
